La Administración de Trump está intentando modificar una política de gobierno relacionada con los requisitos que se exigen cuando una persona solicita su admisión a los Estados Unidos o desea sacar una tarjeta verde. El objetivo de estos requisitos es determinar si es probable que, en el futuro, una persona se convierta en una “carga pública”, es decir, en una persona que utiliza ciertas prestaciones sociales.

Concretamente, la norma propuesta amplía la lista de los beneficios federales que el gobierno puede considerar como parte de este proceso. El uso que una persona hace actualmente, o que hizo en el pasado, de ciertos beneficios federales puede determinar que dicha persona no sea admitida ni reciba una tarjeta verde.

¿Qué es una “carga pública”?

El gobierno federal utiliza el término “carga pública” como una etiqueta para referirse a un inmigrante que depende principalmente del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas. Con la nueva norma propuesta, el gobierno pretende definir una carga pública como alguien que recibe una o más de las prestaciones sociales federales que se enumeran en la póliza. (Consulte la pregunta 4 para conocer información más detallada sobre estos beneficios).

¿Cuándo determina el gobierno federal si es probable que usted se convierta en una carga pública?

El gobierno federal realiza una evaluación de carga pública cuando una persona solicita ingresar a los Estados Unidos o cuando una persona presenta la solicitud para convertirse en un titular de tarjeta verde (también conocido como “residente legal permanente”), entre otras circunstancias.

Cuando solicita una visa o tarjeta verde, debe presentar un formulario de solicitud. A partir de la información que se incluye en el formulario y la que se obtiene en la entrevista que se realiza luego, el gobierno decidirá si es probable que usted se convierta en una “carga pública”.

Esta evaluación específica no se utiliza cuando una persona presenta la solicitud para convertirse en ciudadano estadounidense después de haber obtenido una tarjeta verde.

¿De qué manera decide el gobierno federal si es probable que usted se convierta en una carga pública?

Con la norma propuesta, la decisión sobre la carga pública se basa en diferentes factores. El funcionario de inmigración realiza una evaluación de “totality of circumstances” (totalidad de circunstancias). Esta evaluación examina la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, los recursos, la situación económica, la educación y las habilidades del solicitante. En otras palabras, el gobierno debe analizar sus circunstancias individuales en su conjunto a fin de decidir si es probable que usted dependa de prestaciones sociales en el futuro.

Además, si la ley exige que se presente una declaración jurada de respaldo, la inexistencia de dicha declaración jurada establece de manera concluyente la inadmisibilidad de una persona por motivos de carga pública. Una declaración jurada de respaldo es un contrato legalmente exigible que firma una persona, denominada “sponsor” (garante), para aceptar la responsabilidad financiera por otra persona que viene a los Estados Unidos a vivir de manera permanente.

Con la propuesta nueva, ¿cuáles son los requisitos nuevos que se tienen en cuenta para ser considerado una carga pública?

Con la norma propuesta, la cual no es aun definitiva, es posible que se considere que usted es una carga pública si actualmente utiliza, o ha utilizado, alguno de los siguientes programas. Esta determinación se realiza a partir de varios factores, incluidos el momento y la duración de la utilización y el valor de los beneficios recibidos, además de otros factores que se mencionaron anteriormente, como la salud, la edad y los recursos económicos.

En el formulario actual de la evaluación de carga pública, solo se consideran los programas que se marcaron con un *. La norma propuesta se agregaría a los demás programas.

1. Programas de asistencia en efectivo*, incluidos los siguientes:

a. Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).*

b. Supplemental Security Income (SSI, Ingreso del Seguro Suplementario), el cual brinda ayuda a personas con ingresos limitados y que tienen discapacidades, son ciegas o tienen 65 años o más.*

c. General Assistance (Asistencia General) u otros programas locales de asistencia en efectivo.*

2. Institucionalización para recibir atención a largo plazo.*

3. Cobertura médica de Medicaid, excepto para las afecciones médicas de emergencia y los servicios o beneficios que son financiados por Medicaid , pero que se brindan en virtud de la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Ley de Educación para Personas con Discapacidades) y los beneficios que se brindan a niños nacidos en el extranjero que son hijos de ciudadanos estadounidenses.

4. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria), anteriormente denominado programa de “cupones para alimentos”.

5. Subsidio destinado a quienes tienen ingresos bajos para afrontar el costo de los medicamentos recetados de Medicare Part D (Parte D de Medicare).

6. Asistencia federal para pagar el alquiler, como Section 8 housing vouchers (cupones de vivienda de la Sección 8) y cualquier vivienda financiada por Project Based Section 8 (Sección 8 basada en proyectos).

7. Determinadas viviendas subsidiadas a través del gobierno federal.

Con la propuesta nueva, ¿qué programas se excluyen de los requisitos nuevos que se tienen en cuenta para ser considerado una carga pública?

La ayuda en caso de catástrofe, la asistencia médica de emergencia, los programas totalmente estatales, locales o tribales (a excepción de los programas de asistencia en efectivo), los beneficios que reciben los familiares de un inmigrante o cualquier otro beneficio que no se menciona específicamente en la norma propuesta. También se excluyen los beneficios que no se mencionan, como los programas educativos, de desarrollo infantil, de empleo y de capacitación laboral. El gobierno federal desea conocer opiniones públicas sobre si se debe considerar el Children’s Health Insurance Program (CHIP, Programa de Seguro Médico para Niños).

No se considerarán los programas de la Ciudad de Seattle, como el Utility Discount Program (Programa de Descuentos para los Servicios Públicos) y el Seattle Preschool Program (Programa de Educación Preescolar de Seattle).

¿Qué sucede si mis familiares utilizan programas de atención médica, nutrición, educación u otros programas?

Por lo general, el gobierno federal solo considera los beneficios que recibe usted como solicitante, no los que reciben sus familiares. Si la propuesta nueva entra en vigencia, el gobierno federal no considerará los beneficios que no sean en efectivo que utilizan sus hijos (como el seguro médico o los cupones para alimentos) en su solicitud para obtener una tarjeta verde o para ingresar a los Estados Unidos. No obstante, es posible que para la determinación de carga pública se considere la cantidad de hijos que usted tiene, incluidos los hijos que sean ciudadanos, ya que esto tiene incidencia sobre el tamaño del hogar familiar.

Le recomendamos que consulte con abogado especializado en inmigración para hablar sobre su caso en particular.

¿Qué sucede si utilicé estos beneficios en el pasado, pero ya no recibo beneficios?

La evaluación de carga pública se enfoca en el futuro, lo que significa que la evaluación no se basa únicamente en lo que sucedió en el pasado. Si anteriormente recibió beneficios, pero su situación cambió, es posible que pueda demostrar que ya no necesitará dichos servicios en la actualidad ni en el futuro (por ejemplo, si tiene un trabajo nuevo).

Si tiene dudas sobre su situación particular o el uso de beneficios, debe hablar con un abogado especializado en inmigración o un representante acreditado por la BIA.

¿La evaluación de carga pública rige para todos los inmigrantes?

¡No! La evaluación de carga pública no rige para los titulares de tarjeta verde en sus solicitudes para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Además, algunos inmigrantes que necesitan acogida humanitaria están exentos de la evaluación de carga pública o pueden reunir los requisitos para una exención de carga pública. Esto incluye a los siguientes:

Refugiados

Asilados (inmigrantes que solicitan o a los que se les concedió asilo)

Personas que solicitan una tarjeta verde en virtud de la Violence Against Women Act (VAWA, Ley sobre la Violencia contra la Mujer)

Personas que han solicitado o que solicitan la Visa U o la Visa T

Niños que solicitan el Special Immigrant Juvenile Status (Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes)

Si usted está incluido en alguna de estas categorías, puede utilizar TODOS los beneficios para los cuales reúne los requisitos. Esto incluye programas de asistencia en efectivo, de atención médica, de alimentos y otros programas que no son en efectivo.

¿Qué sucede si ya cuento con una tarjeta verde y estoy recibiendo beneficios?

Con la norma propuesta, usted no puede perder su tarjeta verde solamente por el hecho de que usted, su hijo u otros familiares utilicen beneficios de manera legal. Tampoco le pueden negar el acceso a la ciudadanía estadounidense por recibir beneficios de manera legal.

¿Qué sucede si soy un ciudadano estadounidense y estoy recibiendo beneficios?

La carga pública no rige para los ciudadanos estadounidenses. Si usted es un ciudadano estadounidense que recibe beneficios, debe continuar recibiendo los beneficios para los cuales reúne los requisitos.

¿Debo dar de baja los beneficios que estamos recibiendo actualmente?

¡No! Si usted o su familia reciben beneficios para asistir al médico, comprar alimentos o pagar el alquiler, no es necesario que dé de baja sus beneficios debido a la norma propuesta. La norma propuesta todavía NO es definitiva. No entrará en vigencia durante meses. La norma propuesta no se aplicará de manera retroactiva, lo que significa que el gobierno no considerará la utilización por parte de una persona de un beneficio recientemente agregado antes de la fecha de entrada en vigencia de la norma.

No obstante, en el caso de los beneficios que ya forman parte de la determinación de carga pública, como la TANF, el SSI y la institucionalización a largo plazo, el gobierno considerará su utilización anterior a la fecha de entrada en vigencia de la norma. Hable con un abogado especializado en inmigración para consultarle sobre preguntas específicas.

¿Qué sucede si recibo un beneficio que no se menciona?

Solo se considerarán los beneficios mencionados en la norma propuesta (consulte la pregunta 4). Los beneficios que no se mencionan, como los programas educativos, de desarrollo infantil, de almuerzo escolar gratuito o de precio reducido, de empleo y de capacitación laboral, no forman parte de la evaluación de carga pública.

Los programas locales de la ciudad, como el Utility Discount Program (Programa de Descuentos para los Servicios Públicos) y el Seattle Preschool Program (Programa de Educación Preescolar de Seattle), no se considerarán.

¿Puedo ser deportado como una carga pública?

Conforme a la legislación actual, una persona que se ha convertido en una carga pública podría ser deportada solo en circunstancias extremadamente excepcionales. Estas normas son muy limitadas y no se han aplicado casi nunca. Esta propuesta nueva no interpreta ni amplía los criterios para proceder a un traslado o a una deportación.

¿Cuáles son los otros cambios que propone Trump en la propuesta nueva?

Además de los requisitos nuevos que se mencionaron en la pregunta 4, la propuesta nueva también:

Pondría en práctica una evaluación similar a:

1) las solicitudes para extender una visa que no es de inmigrante (por ejemplo, para quedarse durante más tiempo en los Estados Unidos con su visa de visitante) y a

2) las solicitudes para modificar su condición de no inmigrante (por ejemplo, el cambio de una visa de estudiante a una visa de empleo).

Aclararía si un inmigrante que solicita una modificación de condición tendrá permitido pagar una fianza. Con la norma propuesta, un inmigrante que se considera inadmisible por motivos de carga pública puede pagar una fianza de carga pública de, al menos, $10 000.

¿Qué sucede con los niños que reciben cobertura médica?

Los niños que solicitan una tarjeta verde podrían estar sujetos a las nuevas normas propuestas. Además, si reciben Medicaid, esto podría considerarse en la evaluación de carga pública, junto con su edad, su ingreso y otros factores. El gobierno ha solicitado comentarios sobre si debe incluir el Children’s Health Insurance Program (CHIP, Programa de Seguro Médico para Niños) en la modificación final de la norma, aunque este programa no está incluido en el texto normativo actual. Los niños que son ciudadanos estadounidenses no están sujetos a una evaluación de carga pública.

¿De qué manera la propuesta nueva afectará a las personas con discapacidades?

Con la norma propuesta, la salud de una persona es uno de los varios factores que el gobierno consideraría para determinar si es probable que una persona se convierta en una carga pública. Esto incluye enfermedades físicas o de salud mental que podrían limitar la habilidad de una persona para trabajar, asistir a la escuela o cuidar de sí misma.

No obstante, la norma propuesta también estipula que los cambios no se aplicarán a los beneficios (a excepción de la asistencia en efectivo o la atención a largo plazo) que recibió antes de que esta norma sea definitiva.

Le recomendamos que consulte con abogado especializado en inmigración para hablar sobre su caso en particular.

Tengo una tarjeta verde y debo renovarla pronto. ¿El gobierno puede rechazar mi solicitud de renovación porque recibo Medicaid, cupones para alimentos o asistencia para la vivienda?

¡No! La evaluación de carga pública no se aplica para la renovación de su tarjeta verde. La solicitud de renovación no puede rechazarse debido al uso que usted hace de programas para los cuales reúne los requisitos.

¿Los ciudadanos estadounidenses naturalizados pueden perder su ciudadanía si utilizan programas como Medicaid o SNAP o cupones para alimentos?

¡No! Los ciudadanos estadounidenses no pueden perder su ciudadanía debido a su utilización legal de prestaciones sociales.

¿Cuándo podría aprobarse y comenzar a aplicarse la nueva propuesta?

No lo sabemos con certeza. El gobierno federal debe seguir un largo proceso antes de que la norma propuesta sea definitiva y activa, lo que incluye el período de 60 días de opinión pública. Antes de que la política sea definitiva, el gobierno debe brindarle al público la oportunidad de expresar sus opiniones y considerar y responder las opiniones que se recibieron.

Usted puede decirle al gobierno federal lo que piensa sobre esta política:

Esta norma propuesta todavía no es definitiva. Tiene hasta el lunes, 10 de diciembre para compartir lo que piensa sobre la propuesta nueva enviando sus ideas como una “opinión pública” a una publicación denominada “Federal Register (Registro Federal).” Solo puede enviar opiniones en inglés. No es necesario que sea un ciudadano estadounidense para enviar una opinión. La propuesta de modificación no será definitiva hasta después de que el gobierno haya considerado todas las opiniones.

La Ciudad de Seattle se opone a esta norma propuesta y enviará una opinión pública. Si desea enviar su propia opinión, haga clic en www.citiesforaction.us/publiccharge.