Por CHRISTOPHER SHERMAN,

Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Por cada peso que declaran los partidos políticos y candidatos a las autoridades electorales mexicanas, 15 más se mueven bajo la mesa, según una investigación del problema del financiamiento ilegal en las campañas.

Tras meses de investigación, la organización sin fines de lucro Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó el martes el reporte en el cual concluía que el sistema público de financiamiento de campañas no ha logrado evitar que el dinero ilegal influya en las elecciones.

El reporte dice que es tal la cantidad de efectivo que se mueve en las campañas electorales que el Banco de México (Banxico) ha documentado aumentos inexplicables en el dinero que circula en la economía en los cincos meses previos a las elecciones.

El dinero proviene tanto de fuentes públicas como privadas, y es desviado de programas públicos y gobiernos locales para financiar campañas, y luego canalizado a los candidatos por comercios interesados en ganar licitaciones públicas y tener acceso a los funcionarios electos.

“El financiamiento ilegal de las campañas es el principal problema de la democracia electoral”, dijo en una entrevista previa a la publicación del reporte María Amparo Casar, una de las autoras del estudio. “Lo que hace es que cuando uno llega al poder, lo que estás haciendo es comprando beneficios”.

El lunes, el organismo encargado de organizar las elecciones en México multó al candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez “El Bronco” con más de 739.000 pesos (37.000 dólares) por violaciones en su campaña, incluido tener cientos de empleados del gobierno estatal trabajando para reunir las firmas necesarias para obtener la candidatura.

En respuesta, Rodríguez tuiteó que el organismo electoral lo está amonestando sólo porque es controlado por los principales partidos mexicanos.

Las multas fueron anunciadas el lunes en un comunicado del INE, alegando que el candidato recibió 12,8 millones de pesos (650.000 dólares) de financiamiento irregular. Agregó que enviará el caso a la Procuraduría General de la República y a la oficina recaudatoria de México para ahondar en la investigación.

El INE también acusó a Rodríguez de hacer pasar contribuciones de comercios prohibidas, como si fueran de seguidores individuales.

“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, dijo en un comunicado Ciro Murayama, consejero electoral del INE.

Rodríguez tomó licencia como gobernador de Nuevo León. Es uno de los cuatro candidatos para la elección presidencial del 1 de julio. Su campaña ha dicho que representa una amenaza al estatus quo de los partidos políticos dominantes.

El reporte indicó que el INE tiene que hacer más de estas investigaciones e imponer sanciones más severas. Como están las cosas, los partidos y candidatos pueden hacer un análisis del costo-beneficio para decidir si vale la pena violar dichas regulaciones de darles una ventaja en la elección, dijo Casar.

El sistema público de financiamiento de campañas, vigente desde hace más de 20 años, ha sido exitoso para nivelar la cancha y hacer que las elecciones sean más competitivas, indica el reporte. Pero se necesita una supervisión más agresiva del gasto de campaña.

Los autores del reporte recomiendan que el voto sea obligatorio en México para reducir el gasto en la compra de votos y los esfuerzos para que la gente salga a votar, lo cual está restringido por ley en el país.

También concluyeron que el cálculo utilizado para fijar el límite de gastos no está arraigado en la realidad de lo que cuesta dirigir una campaña moderna.

“Los topes son como una promesa de buen comportamiento que nadie observa y que estimula aún más la infracción de la ley”, dice el reporte.

Al preguntarle si debe considerarse la creación de un camino legal y transparente para que el dinero privado se utilice en las elecciones, Casar dijo que el financiamiento público es la mejor opción. “La entrada masiva, como sería en Estados Unidos, de dinero privado en un país como México, deformaría los ideales de los cimientos de equidad en las elecciones en México”.