NUEVA YORK (AP)

Contra el contexto de un nuevo y cruel informe de Human Rights Watch, dos agencias federales está prometiendo hacer un mejor trabajo. Los prospectos se están aclarando, aunque aún son inciertos ya que existe una cuenta pendiente en el Congreso, la cual cerraría las escapatorias que facilitan los abusos.

Human Rights Watch, enfoca la mayor parte de su trabajo de investigación en otras partes del mundo. Había examinado en un informe hace 10 años sobre la explotación de niños agricultores en América.

Este documento mostraba el daño tanto de salud como de educación que se le estaba provocando a estos niños y también se menciona las débiles y mal cumplidas protecciones que recibían los menores.

En su nuevo informe, el grupo dijo que sigue habiendo las mismas condiciones para los 300.000 a 400.000 niños agricultores y se critica al Congreso, al Ministerio de Trabajo y a la Agencia de Protección Ambiental por fallar en la toma de decisiones correctas para este tema.

Aunque las agencias federales hayan intentado hacer varias cosas, aún muchos niños seguirán expuestos a condiciones onerosas y esto no se modificaría a menos que el Congreso apruebe la ley Fair Labor Standars Act la cual regula el trabajo de menores.

Esta ley data desde 1938, cuando las granjas familiares abundaban, a los niños que trabajaban en granjas o en la agricultura, se les permitía trabajar por más horas, a edades más pequeñas y en condiciones más peligrosas que niños en otros trabajos.

Niños de 12 años de edad pueden trabajar en granjas, en comparación de los 14 o 16 años requeridos para otros trabajos; los agricultores jóvenes pueden trabajar horas ilimitadas fuera del horario de escuela.

La Republicana Lucille Roybal-Allard, D-Calif., ha introducido una ley que eliminarían esas discrepancias, aumentarían las penas por violación a la misma y requerirían al Ministerio de Trabajo obtener mejores datos sobre el número de menores trabajando y contabilizar también las lesiones que sufren.

Sin embargo, ningún republicano ha firmado como copatrocinador de esta ley, y el American Farm Bureau- que aboga en Washington en nombre de granjeros y de rancheros – se opone a la misma.

Entre los problemas persistentes citados por Roybal-Allard y Human Rights Watch son los siguientes:

Ÿ Los niños que trabajan en granjas y en la agricultura ganan menos que el salario mínimo.

Ÿ Abandonan la escuela cuatro veces más que el rango nacional.

Ÿ Los riesgos de seguridad son altos, contribuyendo por lo menos a 43 muertes de niños relacionadas con el trabajo entre 2005 y 2008.

Ÿ La ley actual permite a jóvenes de 16 y 17 años hacer los trabajos que el Ministerio de Trabajo juzga como “particularmente peligrosos.” En sectores no agrícolas, nadie debajo de los 18 años de edad puede hacer dichos trabajos.

Los activistas afirman que los problemas para algunas familias agricultoras son complejos porque uno o más miembros son inmigrantes ilegales que se cuidan de las autoridades gubernamentales cuando sus niños están en peligro.

“Los empleadores saben que la probabilidad de que los descubran es muy baja y las multas son ridículas,” dijo Norma Flores López, que recogía la cosecha con su familia inmigrante cuando era adolescente y ahora trabaja para La Asociación de Programas de Oportunidad del Agricultor en una campaña para combatir la explotación de los niños trabajadores.

“Ha sido una batalla ascendente,” dijo Flores.

“Estamos lidiando con niños que no votan y sobre todo con padres que tampoco lo hacen. Muchos políticos tienden a pasarlos por alto.”