AP
La cárcel del Condado de Yakima podría ser la primera en el estado en utilizar una base de datos federal para revisar el status migratorio de los presos.
Se espera que el sistema este disponible el próximo mes, dijo el viernes, Ed Campbell, director del Departamento de Cárceles.
La base de datos va más allá que los datos encontrados en la base de datos del estado y del FBI, incluye a personas que han tenido contacto con Inmigración y Aduanas o aquellas que están en el país de manera ilegal.
“Nos arrojará información casi inmediata de estas personas”, dijo Campbell.
En el sistema actual, un agente de inmigración, visita la cárcel regularmente para buscar presos con status migratorios cuestionables y poner una retención sobre aquellos que podrían enfrentar audiencias de deportación. La cárcel también puede reportar a personas indocumentadas sospechosas, al centro de inmigración, dijo Campbell.
Desde el viernes, 89 de los 800 presos en la cárcel están bajo retención de inmigración. El año pasado unos 1,000 de los 13,404 presos fueron dados de alta a ICE para procesamiento migratorio.
Aun no es claro cuantos inmigrantes indocumentados serán detectados por el acceso a la base de datos de ICE, pero Campbell dijo que el sistema será útil para no soltar a un preso quien puede tener un status que necesite revisión de ICE.
ICE ha estado trabajando desde hace algún tiempo para poder extender esta base de datos por todas las cárceles del país y se completará el proceso en el año 2013.
Campbell empezó a buscar como accesar la base de datos hace meses bajo la sugerencia de ICE.
La agencia queria que la Patrulla Estatal de Washington revisara el status migratorio de las personas, para las agencias locales del estado.
Pero líderes de la patrulla, en consulta con la Gobernadora Chris Gregoire, tomaron una posición en donde decidieron que las huellas digitales permanecieran bajo la propiedad de la agencia local. No queriendo asumir un rol de inmigración.
ICE dijo que más de 1,200 agencias en 41 estados están usando la base de datos llamada Comunidades Seguras.
Las autoridades le dan crédito al programa, por la deportación de más de 72,000 personas, incluyendo 26,000 personas que han sido convictas por un crimen violento.
Los críticos dicen que este programa podría llevar a la deportación de personas que han sido arrestadas por crímenes menores y que podría desalentar a la comunidad para reportar crímenes.