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Una mujer de 21 años, nacida en México y que fue adoptada por una pareja norteamericana, recibió el aval de una corte para demandar al estado de Oregon por decirles erróneamente a sus padres que ella obtendría automáticamente la ciudadanía, cuando fue adoptada.

La Corte de Apelaciones de Oregon dictaminó que Blanca Starr puede proceder con su demanda, por un millón de dólares, a pesar de los argumentos del estado de que los cargos han prescrito, de acuerdo con un reporte de The Oregonian (http://is.gd/jJFeI8).

“Me siento muy aliviada”, dijo Starr.

Starr descubrió que su estatus migratorio no estaba regularizado cuando, siendo adolescente, trató de obtener un permiso para conducir. Luego pasó años en el limbo, con temor a ser deportada del que entonces era su hogar en Vancouver, Washington. Ahora vive en Arkansas.

La visa de Starr expira en 2014, y planea solicitar la residencia permanente.

Starr era una pequeña niña cuando sus padres biológicos u otros parientes la trajeron a Estados Unidos por la frontera. El departamento de niños recogió a Starr y la puso bajo custodia del estado, porque creían que la madre abusaba físicamente de ella y su padre no intervenía.

A la edad de 5 años, Starr fue puesta bajo la custodia de Lisa y Darren Catt, unos ciudadanos americanos que vivían en Portland. Cuando ella cumplió 8 años, fue adoptada por una pareja.

Lisa Catt dijo que una trabajadora social y el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, le aseguraron a la familia que no necesitaban tramitar documentos migratorios, porque su hija automáticamente se convertiría en ciudadana Americana.

Esa información era incorrecta.

Cuando Starr cumplió 16 años, intentó sacar el permiso para conducir; los empelados del Departamento de Licencias le dijeron que su Seguro Social debería estar con el apellido de su familia adoptiva, no con el apellido con el que nació. Le dijeron que ella necesitaría comprobar su ciudadanía cuando llegara a la Administración del Seguro Social para arreglar el problema.

Por último, el departamento de inmigración le dijo a Starr que ella no era ciudadana.

La madre de Starr, sometió papeles para que se convirtiera en residente permanente, y después de esperar casi dos años y de pagar los trámites, les dijeron que ya era demasiado tarde.

Las políticas de inmigración no castigan a los menores que entran al país de forma ilegal. Pero Starr ya había cumplido los 18 años y enfrentaba un castigo de 3 años fuera del país.

Ella casi cumplía los 19 años, y el castigo de 10 años fuera de Estados Unidos se le aplicaría, lo cual implica que no le permitiría aplicar para recibir la residencia hasta el final de ese periodo.

Starr no podía trabajar de manera legal y sus padres, que ahora están divorciados, no podían pagarle una colegiatura. Starr no podía aplicar para ayuda financiera del gobierno, porque no es ciudadana.

Al poco tiempo de cumplir los 20 años, autoridades federales dijeron que le darían una visa U, que solamente se les otorga a 10,000 personas al año que son víctimas de crímenes—en el caso de Starr, ella fue considerada una víctima por el abuso infantil que vivió.

Hace ocho meses Starr se casó con un ciudadano americano; pero el matrimonio no cambia su situación migratoria. Su esposo no la puede patrocinar para que se convierta en residente permanente, aparentemente por el castigo de 10 años, dijo Starr.

Mark Kramer, el abogado de Starr en Portland, dijo que está entrando en negociaciones con el Departamento de Justicia de Oregon, quienes no tienen planes de pelear la decisión de la Corte de Apelaciones.

“El hecho de que ella ha tenido que vivir años de incertidumbre y el hecho de que no es una ciudadana y no puede recibir becas ni ayuda financiera del estado, es un problema”, dijo Kramer. “Sería gratificante que Blanca tuviera dinero para ir a la universidad”.