Por JACQUES BILLEAUD y AMANDA MYERS

PHOENIX (AP) — Cuando faltaba un día para que entre en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, una juez bloqueó el miércoles las partes más polémicas de la legislación, con lo que le brindó una importante victoria legal a los opositores de la medida.

La ley aún deberá entrar en vigencia el jueves, pero ahora sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a los opositores, incluyendo secciones que requieren a los agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente en el país.

La juez federal Susan Bolton también puso en suspenso una parte de la ley que obligados a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.

Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.

Otras disposiciones de la ley, muchas de ellos de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entrarán en vigor en el primer minuto del jueves.

El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.

Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación antes de bloquear el acceso a las oficinas federales, en un abierto desafío a la Policía para que les pida sus documentos.

Es probable que la mayoría de las protestas se cancelen debido al fallo de Bolton, quien de repente se convirtió en una figura crucial en el debate sobre la inmigración cuando se le asignaron las siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.

La Policía de todo el estado, fronterizo con México, dio el martes los últimos toques al entrenamiento de los agentes, incluyendo la forma de evitar la etiquetación racial y la posibilidad de un gran incremento de las detenciones.

La etiquetación racial (“racial profiling” en inglés) se refiere al uso incorrecto de la raza de un individuo o grupo étnico por la Policía como un factor para decidir si aplica la ley, como en el caso de pedirle a una persona que e detenga por una infracción de tránsito.

En Phoenix, el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio pensaba realizar su 17 batida contra la delincuencia y la inmigración ilegal, sin consideración al fallo de la juez Bolton.

Arpaio, famoso por su dureza con la delincuencia y la inmigración ilegal, enviará unos 200 agentes y voluntarios vigilar las infracciones de tránsito, localización de delincuentes prófugos y otros delitos. En sus redadas han caído también indocumentados buscados por la justicia.

“No esperamos. Nos limitamos a actuar”, dijo Arpaio. “Si existe una nueva ley, la haremos cumplir”.

En México, la secretaría de Relaciones Exteriores emitió el martes una declaración indicando que incrementó la ayuda consular a sus ciudadanos residentes en Arizona, en preparación a la entrada en vigencia de la nueva ley.

La secretaría agregó que México envió personal y recursos adicionales a cinco consulados en Arizona para brindar asistencia y ayuda legal e dijo que “está dispuesta a adoptar las medidas inmediatas necesarias para proteger los derechos de los mexicanos en Arizona, sin consideración de su situación de inmigrantes”.

Entretanto, los abogados del Departamento de Justicia rechazaron una propuesta para fusionar su demanda y la de un policía contra la nueva ley de inmigración en Arizona.

Con el argumento de que se perjudicaría o demoraría su acción, los abogados federales se pronunciaron en contra de la propuesta del policía de Phoenix David Salgado, de consolidar ambos casos.

El abogado del policía sostiene que las demandas son prácticamente idénticas porque coinciden en que la ley federal de inmigración anula la normativa de Arizona, y buscan impedir que entre en vigencia.

El Departamento de Justicia dijo que ha impugnado más secciones de la ley que Salgado y que los argumentos federales de que la legislación federal anula a la de Arizona difiere de los que expuso el agente.