St. Joseph empresa matriz del Hospital Catholic Health Initiatives Franciscan impuso obstáculos a personas de bajos recursos que intentaban acceder a una atención asequible.

SEATTLE.- El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy que, como resultado de su demanda, el St. Joseph Medical Center en Tacoma y otros siete hospitales CHI Franciscan perdonarán hasta $ 20 millones en deudas, pagarán $ 2.22 millones en reembolsos, pagarán a la Fiscalía General Oficina $ 2.46 millones, y rehabilitará el crédito de miles de pacientes que calificaron para la atención de caridad entre 2012 y 2017, pero no lo recibieron.

El Procurador General Ferguson demandó al Centro Médico St. Joseph, pero la resolución involucra reformas de atención de caridad para ocho hospitales de CHI Franciscan y ofrece restitución a los pacientes que han recibido atención de caridad en los ocho hospitales.

“La deuda médica es una de las razones principales por las que las familias quedan atrapadas en la pobreza”, dijo Ferguson. “Se requiere que los hospitales informen a los pacientes de bajos ingresos sobre la disponibilidad de atención de caridad. St. Joseph no cumplió con su deber e impuso obstáculos a los residentes de Washington que intentan acceder a una atención asequible. Los derechos de resolución de hoy son un error cometido contra miles de pacientes a través de Washington “.

La resolución de hoy afecta a miles de consumidores de Washington que buscaron atención en ocho hospitales de cuidados intensivos franciscanos de Catholic Health Initiative.

Todos los pacientes, desde enero de 2012 hasta diciembre de 2017, tendrán la oportunidad de recibir el perdón de la deuda o los reembolsos si califican para recibir atención de caridad, tengan o no un seguro.

Hasta el momento, se han identificado al menos 5,451 pacientes que recibirán reembolsos automáticos por un total de $ 2.22 millones. Además, la Oficina del Fiscal General anticipa que varios miles de pacientes recibirán alivio automático de la deuda, por un total de hasta $ 20 millones.

Según el sitio web de St. Joseph, las hermanas:

“Ministraban a todas las personas, independientemente de su raza, religión o situación financiera”.

La visión declarada del hospital es:

“Liderar la transformación de la atención médica para lograr una salud y un bienestar óptimos para las personas y las comunidades a las que servimos, especialmente para aquellos que son pobres y vulnerables”.

Fondo del caso

La Oficina del Procurador General presentó una demanda contra St. Joseph en 2017, afirmando que el hospital violó repetidamente la Ley de Protección al Consumidor del estado al no hacer accesible la atención de caridad a decenas de miles de pacientes de bajos ingresos. St. Joseph es uno de los ocho sistemas hospitalarios de cuidados agudos en Washington operados por CHI Franciscan: St. Elizabeth Hospital, St. Francis Hospital, St. Anthony Hospital, St. Clare Hospital, St. Joseph Medical Center, Harrison Medical Center y Highline Medical Centrar.

Conozca ley de atención de caridad:

En Washington, la ley estatal requiere que los hospitales hagan accesible la atención de caridad a los pacientes cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 200 por ciento de las Pautas Federales de Pobreza.

En Washington los hospitales están obligados a:

• Proporcionar un aviso de la disponibilidad de atención de caridad verbalmente y por escrito;

• Evaluar a los pacientes para determinar si son elegibles para recibir atención de caridad antes de intentar cobrar el pago y

• Solo se requiere que los pacientes proporcionen un documento relacionado con los ingresos para demostrar la elegibilidad de la atención caritativa.

La demanda afirmó que St. Joseph violó todos estos requisitos. Algunas de las prácticas ilegales continuaron hasta que la Oficina del Fiscal General comenzó su investigación.

St. Joseph exigió el pago de los pacientes hasta tres veces antes de proporcionar información sobre la disponibilidad de atención de caridad o la selección de pacientes para determinar su elegibilidad para la atención de caridad. El hospital también requería que los pacientes proporcionaran varias formas de documentación de ingresos para demostrar que eran elegibles para recibir asistencia.

Conifer, el contratista de gestión de ingresos de St. Joseph, capacitó al personal para utilizar un lenguaje diseñado para dar a los pacientes la impresión de que debían pagar por su atención por adelantado.

Por ejemplo, los ex empleados informaron que se les dijo que “nunca ofrecieran información voluntaria sobre el programa de atención caritativa de St. Joseph a los pacientes, incluso si obviamente eran de bajos ingresos o sin hogar”. Una “guía del usuario” de 2015 de Conifer dirigió a los empleados a “evitar frases que Dar a los pacientes la opción de no pagar “.

Una ex empleada le dijo a los investigadores de la Oficina del Fiscal General que ella fue capacitada para “alentar a los pacientes a pagar el depósito indicando que solo podía proporcionarles una solicitud de atención de caridad si pagaban primero un depósito”. Esto viola el requisito de la ley que los hospitales buscan elegibilidad de atención de caridad antes de intentar cobrar el pago.

Ya en 2014, la alta gerencia de St. Joseph estaba al tanto de las quejas sobre prácticas agresivas de recolección. Las quejas incluyeron a un paciente que dijo que la demanda de St. Joseph de un gran pago por adelantado lo hizo reconsiderar si debía someterse a una cirugía de corazón. Otra queja provino de uno de los empleados de St. Joseph, que tuvo dificultades para acceder a la atención de caridad para sus propias facturas médicas. Se le aseguró a la empleada que sus cuentas estaban en espera mientras se procesaba su solicitud de atención de caridad, pero luego se presentó una demanda de cobro de deudas por las cuentas.

“Esta es una noticia terrible para un empleado muy creíble”, escribió un vicepresidente senior al reenviar el correo electrónico de septiembre de 2014, y agregó que el sindicato que representa a algunos empleados de St. Joseph había transmitido quejas similares. Señaló que el sindicato “nos está diciendo que sucede de manera regular”. Uno de los destinatarios, el director de finanzas de St. Joseph, comentó: “Probablemente tengamos que apuntalar nuestros procesos. Me temo que esto va a ser contraproducente para nosotros si no tenemos mucho cuidado muy pronto “.

¿Recibió atención entre 2012 y 2017?

Todos los pacientes que recibieron atención en cualquiera de los ocho hospitales entre 2012 y 2017 tendrán la oportunidad de recibir alivio. Todos los pacientes sin seguro, probablemente decenas de miles de pacientes en todo el estado, recibirán un formulario de certificación por correo para recibir ayuda. Los pacientes deben completar la certificación de que su ingreso era igual o inferior al 200 por ciento del nivel de ingreso federal en el momento del tratamiento. Los pacientes elegibles recibirán un reembolso o el alta de sus facturas médicas.

Hasta ahora, la revisión de terceros ha determinado que CHI Franciscan retuvo la atención de caridad de al menos 5,451 pacientes elegibles para atención de caridad que pagaron una parte o la totalidad de sus facturas del hospital. Estos pacientes recibirán reembolsos automáticos por un total de $ 2.22 millones. Una revisión adicional de un tercero evaluará a aproximadamente 7,000 pacientes no asegurados que recibieron atención en un hospital de CHI Franciscan entre 2012 y 2017 para la elegibilidad de atención de caridad. Estas personas deben aproximadamente $ 26 millones. Una vez que se identifican los pacientes elegibles para el cuidado caritativo, CHI Franciscan debe perdonar cualquier factura médica impaga. La Oficina del Procurador General estima que CHI Franciscan proporcionará hasta $ 20 millones en condonación automática de la deuda a miles de pacientes agobiados por la deuda como resultado de su conducta ilegal.

La Oficina del Procurador General espera que la mayoría, si no todos, los pacientes afectados reciban alivio automático como resultado de estas revisiones. Sin embargo, la notificación y el formulario se enviarán por correo a todos los pacientes no asegurados para garantizar que no se pierda a nadie. Además, CHI Franciscan debe ponerse en contacto con las agencias de crédito para rehabilitar el crédito de los pacientes que sufrió debido a la deuda médica. CHI Franciscan notificará a las agencias de informes de crédito que sus cuentas están pagadas en su totalidad y solicitará que eliminen cualquier informe que indique que las facturas médicas estaban en mora. Los consumidores afectados deben verificar sus informes de crédito para asegurarse de que esto sucedió. Si no fuera así, deben comunicarse con la Oficina del Procurador General en www.atg.wa.gov/file-complaint o al 800-551-4636.

Los pacientes asegurados no recibirán una notificación por correo. Aquellos que creen que calificaron para la atención de caridad cuando recibieron la atención deben llamar a CHI Franciscan al 888-779-6380 y solicitar una solicitud de atención de caridad. Si califican, también recibirán reembolsos y alivio de la deuda de sus costos de bolsillo. Los pacientes asegurados que no puedan proporcionar la documentación de ingresos desde el momento de su tratamiento podrán proporcionar una declaración por escrito para solicitar atención de caridad.

Además del alivio para los consumidores, el acuerdo de hoy también requiere que los ocho hospitales no solo cumplan con la ley de atención de caridad de Washington, sino que vayan más allá durante los próximos cinco años, brindando atención de caridad a pacientes con un ingreso de hasta el 300 por ciento de los ingresos. Nivel federal de pobreza.

La Oficina del Procurador General utilizará o distribuirá $ 100,000 del pago de $ 2.46 millones de CHI Franciscan para brindar servicios de divulgación relacionados con la disponibilidad de atención de caridad en el estado de Washington.