Por MARIA VERZA y MARK STEVENSON, Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México, un país con más de 35.000 desparecidos oficiales y un número indeterminado de fosas clandestinas, sigue desenterrando muertos. El último hallazgo es un cementerio clandestino en Veracruz, un estado del este del país donde las autoridades han localizado restos de al menos 166 personas.

Jorge Winckler, fiscal del estado donde distintos cárteles han estado activos desde hace años, dio la noticia el jueves pero su departamento lleva trabajando un mes en la zona, desde que una persona indicó el lugar donde habrían sido enterrados cientos de cadáveres.

Después de 30 días en los que agentes especializados rastrearon con drones y radares 300 metros cuadrados, se estableció el número “mínimo” de gente inhumada ahí al hallarse 166 cráneos en 32 puntos.

El fiscal no dio a conocer el lugar exacto del hallazgo “por razones de seguridad” pero dijo que las inhumaciones tenían “al menos dos años de antigüedad”.

Junto a los restos humanos se localizaron más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y diversos accesorios personales cuyas fotografías se pondrán a disposición de los familiares a partir de la próxima semana para comenzar con los procesos de identificación.

En este sentido, Winckler alentó a todos los que tengan un familiar desaparecido y no lo hayan denunciado a que se acerquen a la fiscalía para que se les realice una toma de ADN, pruebas que la Policía Federal ayudará a gestionar y cruzar con las bases de datos genéticas disponibles.

La aparición de fosas clandestinas masivas ha sido una constante en México desde 2011, cuando la guerra contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) estaba en su punto álgido. Ese año se localizaron 236 cuerpos en Durango, en el centro-norte del país, y 193 en Tamaulipas, en el noreste y frontera con Texas. Después el hallazgo de enterramientos ilegales a lo largo y ancho de la república no ha cesado.

En Veracruz, el mayor descubrimiento de este tipo tuvo lugar entre 2016 y 2017 cuando se encontraron los restos de más de 250 personas en una zona cercana al puerto de Veracruz llamada Colinas de Santa Fe. En aquella ocasión, un informante anónimo entregó a un colectivo de familiares de desaparecidos un mapa con la ubicación de las fosas y ellos fueron los que localizaron el lugar y presionaron a las autoridades para que realizaran las exhumaciones y peritajes necesarios.

En esta ocasión, los familiares no estuvieron presentes en los trabajos “por razones de seguridad y para garantizar el éxito de la investigación”, según Winckler.

Sin embargo, estas palabras no convencen a Lucía Díaz, que lleva desde 2013 buscando a su hijo, Guillermo Lagunes, y cuyo colectivo “Solecito” participó en los rastreos de Colinas de Santa Fe. Díaz no confía en el fiscal que, según dijo, “no respetó la ley porque la ley dice que los familiares tienen derecho a participar (en las búsquedas)”.

Los precedentes de su trabajo, añadió Díaz, tampoco son alentadores porque en el pasado se excavó demasiado rápido y sin las precauciones adecuadas para evitar que los cuerpos se fragmentaran.

“¿Sacaron 166 cuerpos en un mes? Imposible, es demasiado rápido para hacerlo bien”, aseguró. “Deberían habernos esperado e incluirnos si quieren que les creamos”.

La desconfianza en las autoridades está enquistada en los mexicanos en general y los veracruzanos en particular porque durante el mandato del gobernador Javier Duarte (2010-2016) —hoy encarcelado y acusado de diversos delitos de corrupción y lavado de dinero— la violencia y los abusos de autoridad se multiplicaron. Además, a principios de 2018 la fiscalía estatal descubrió que policías de Veracruz habían participado en una estructura que secuestró, mató e hizo desaparecer a personas aparentemente sospechosas de estar vinculadas con cárteles.

Sin embargo, encontrar el nuevo cementerio clandestino sí es una buena noticia para víctimas como María de Lourdes Rosales Calvo, que busca a su hijo Jonatten Celma desde 2013, cuando lo secuestraron con su novia cerca de su casa.

Celma tenía entonces 25 años. Cuando su madre quiso denunciar su desaparición, las autoridades le dijeron que esperase 72 horas y después aseguraron que se había fugado con su novia. No fue así. A Rosales le pidieron rescate. Pagó solo una parte pero lo único que consiguió fue una palabra al otro lado del hilo telefónico, “mamá”, quizá pronunciada por su hijo. Desde entonces no ha vuelto a tener noticias de él.

Rosales confirmó que las autoridades ya contactaron con distintos colectivos de familiares, entre otros con el suyo, “Red Madres Veracruz”, para mostrarles la semana próxima las pertenencias y credenciales que se han encontrado.

Cruza los dedos para ver si ahora le dan alguna respuesta.

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