WASHINGTON (AP) — La ley de salud de Barack Obama, que brinda un seguro a millones de personas, enfrenta en las próximas horas una dura prueba ante la Corte Suprema.

Se trata de la impugnación más reciente a la ley de atención de salud universal, un aspecto central del legado que Obama espera dejar. Los republicanos sostienen que la ley atenta contra las libertades individuales al requerir que casi todo el mundo tenga seguro de salud, que resulta en un sistema más caro y con atención de menor calidad.

Hace tres años, los adversarios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible perdieron una batalla épica ante la Corte Suprema cuando el presidente del tribunal, John Roberts, se sumó al ala liberal y dio el voto crucial para ratificar la ley durante la campaña de reelección de Obama.

Roberts podría tener nuevamente el voto decisivo. La pregunta ante los jueces es si la gente en los 50 estados puede optar por los subsidios a los impuestos federales que vuelven el costo de las primas del seguro accesibles a los de menores ingresos.

Los impugnadores argumentan que solo pueden optar por los subsidios los habitantes de los estados que crearon sus propios mercados para el seguro de salud. En estos mercados, la gente que no tiene seguro a través de su empleo o algún programa gubernamental para los pobres, los ancianos o los veteranos de guerra puede adquirirlo a precios accesibles.

Un fallo a favor de los impugnadores tendría consecuencias drásticas, porque unas tres decenas de estados, muchos de ellos con gobernadores republicanos, resolvieron no crear su propio mercado. Los residentes de esos estados dependen de un mercado federal. Estudios independientes calculan que unas 8 millones de personas perderían el seguro.

Los demócratas temen una derrota, pero los republicanos también corren un riesgo: millones de votantes en estados gobernados por ellos perderían sus subsidios.

El caso se centra en una frase de cuatro palabras —”creado por el estado”— en una ley de más de 900 páginas. Según los impugnadores, esas palabras son la prueba clara y contundente de que el Congreso quería limitar los subsidios a la gente de los estados que crean sus propios mercados.

El gobierno, los legisladores demócratas y 22 estados sostienen que es absurdo insinuar que el Congreso hubiera elaborado la ley de forma tal de socavar sus propias disposiciones.