Uno de los demandantes, José Ramos, ha estado detenido en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington un año.
Seattle, WA – Tres jóvenes inmigrantes presentaron hoy una demanda colectiva en un tribunal federal de distrito en el Distrito Oeste de Washington, impugnando la nueva política de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para negar el estatus de inmigrante especial (SIJS) para jóvenes que Presentaron sus solicitudes después de cumplir los dieciocho años. El Congreso creó el SIJS como un programa humanitario para jóvenes inmigrantes que han sido maltratados, abandonados o abandonados, brindándoles una oportunidad crítica para encontrar un hogar estable, recibir servicios y apoyo esenciales y buscar oportunidades educativas y profesionales.
La demanda afirma que la nueva política de USCIS viola el estatuto de control al negarse a cumplir las órdenes de los tribunales estatales que se emitieron a los jóvenes después de que cumplieron 18 años pero antes de que cumplieran 21 años. Sin embargo, el Acta de Inmigración y Nacionalidad aclara que cualquier joven soltero menor de 21 años de edad es elegible para solicitar SIJS si un tribunal estatal que tiene jurisdicción sobre su custodia y cuidado encuentra que
1) el joven no puede reunirse con uno o más ambos padres porque han sido abandonados, maltratados o descuidados, y
2) no le conviene a los jóvenes regresar a su país de origen.
A diferencia de otras áreas de la ley de inmigración, el estatuto federal establece que los tribunales estatales, no las agencias federales, son responsables de realizar estos hallazgos preliminares que hacen que el joven sea elegible para el SIJS. Sin embargo, a partir del año pasado, USCIS se ha negado a reconocer la autoridad de los tribunales estatales para hacer estos hallazgos cuando el joven ya ha cumplido 18 años.
El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP, por sus siglas en inglés) presentó el caso en nombre de los tres jóvenes y le solicita a la corte que certifique una clase que incluya hasta 100 jóvenes en situaciones similares en el estado de Washington. Esta demanda sigue a otras dos acciones de clase similares presentadas en Nueva York y California. Un tribunal de distrito federal ha impuesto de manera preliminar a USCIS la aplicación de la nueva política a los miembros de la clase en California, dictaminando que la política entra en conflicto con el estatuto federal. No obstante, USCIS ahora ha comenzado a aplicar esta nueva política a los jóvenes en el estado de Washington. La demanda identifica tres aplicaciones que ya han sido denegadas bajo la nueva política, y muchas otras aplicaciones que enfrentan ciertas denegaciones a la luz de esa política.
Uno de los Demandantes nombrados, José Ramos, ha estado detenido en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington, por más de un año, esperando su oportunidad de obtener el SIJS. Pero el mes pasado, el USCIS rechazó su solicitud de conformidad con su nueva política, lo que lo puso en peligro de que se le ordenara que lo retiraran y lo separaran indefinidamente de su tutor.
Además, la demanda cuestiona el incumplimiento de USCIS del mandato del Congreso para adjudicar las peticiones SIJS dentro de los 180 días. La queja alega que la agencia obliga a los solicitantes de SIJS a esperar muchos meses adicionales, causando un gran daño a los jóvenes cuyas vidas quedan en la balanza durante este período. De hecho, algunos de los jóvenes se ven obligados a permanecer en detención de inmigración a la espera de que sus solicitudes sean adjudicadas.
El USCIS se demoró dos años antes de emitir una decisión que denegó la solicitud del demandante Leobardo Moreno, lo que también lo pone en riesgo de que el juez de inmigración lo retire. Ángel Muñoz, otro demandante llamado, continúa esperando que su solicitud sea adjudicada a pesar de que se presentó en noviembre de 2017. También teme ser separado de su hermano menor y su tutor.
“Este es otro ejemplo extraordinario de la administración de Trump que intenta ilegalmente negar a categorías completas de inmigrantes su oportunidad de obtener un estatus legal en este país”, dijo Matt Adams, Director Legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste. “En este caso, la administración está apuntando una vez más a algunas de las personas más vulnerables de nuestras comunidades: niños y jóvenes que han sido abandonados, maltratados o descuidados”.