CESAR GARCIA y VIVIAN SEQUERA

The Associated Press

La mayor guerrilla de Colombia liberó a quienes describió como los últimos 10 soldados y policías que tenía en su poder, un gesto de buena voluntad que elogió el presidente Juan Manuel Santos pero al que consideró insuficiente para propiciar un diálogo de paz.

Los cautivos habían pasado entre 12 y 14 años en prisiones en la selva tras de que los capturaran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando esta fuerza rebelde izquierdista se encontraba en su apogeo militar.

Sin embargo, esta banda guerrillera, la más antigua y más poderosa de América Latina, ha sido debilitada desde entonces por las fuerzas armadas de Colombia —que tienen el respaldo de Estados Unidos— en tanto que la entrega de seis policías y cuatro soldados que efectuó el lunes puso de relieve su deseo de una solución pacífica.

Los otrora cautivos mostraron su júbilo por su liberación y agitaron las manos en señal de saludo tras su traslado en un helicóptero que prestó la fuerza aérea brasileña, al que se colocó un logo de la Cruz Roja y que los recogió de un punto secreto en la selva.

Algunos de los liberados saltaron de alegría en la pista antes de reunirse con sus familias. Las enfermeras ayudaron a algunos de ellos a caminar, mientras que otros eran acompañados por sus mascotas: un pecarí, un mono y dos aves pequeñas. Unos cuantos llevaban las banderas colombianas en sus hombros. Los seres queridos de los uniformados exhibían una alegría desbordante.

“Grité, salté” al conocer la noticia de la liberación, dijo desde el aeropuerto de Villavicencio Oliva Solarte, madre del intendente de la policía Jorge Trujillo Solarte, de 41 años, capturado en julio de 1999.

El grupo de liberados fue llevado a Bogotá, donde los aguardaban otros de sus parientes, pero serán hospitalizados para someterlos a revisión médica.

El grupo rebelde, conocido como las FARC, anunció el 26 de febrero que dejaría en libertad a los 10 uniformados y que suspendía los secuestros extorsivos, práctica con la que se allega financiamiento.

El mandatario Santos describió la entrega de los uniformados como “un paso en la dirección correcta y un paso muy importante”, en tanto que señaló que es “pura especulación” que esta libertad de los uniformados constituya el augurio de conversaciones de paz.

Santos dijo que desea prueba de que las FARC, que se alzaron en armas en 1964, realmente abandonarán los secuestros extorsivos.

“En el momento en que el gobierno considere que existen las suficientes condiciones y garantías para que se inicie un proceso que lleve a la terminación del conflicto, el país lo sabrá”, apuntó.

Para empezar, el gobierno desea conocer el paradero de otros dos miembros de las fuerzas de seguridad que las FARC capturaron en 1998 y 1999. El gobierno también desea conocer cuántas personas están en poder de las FARC como víctimas de secuestros extorsivos y que todas sean dejadas en libertad.

El jefe de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de Colombia fijó la cifra en al menos seis personas, de éstas cuatro trabajadores petroleros chinos que fueron capturados en junio de 2011. Otras autoridades afirman que la cifra es cercana a 24 víctimas.

El colectivo civil Fundación País Libre, que impulsa la lucha contra el secuestro, dice poseer una lista de al menos 400 personas secuestradas por las FARC o que fueron retenidas contra su voluntad desde 1996 y que nunca fueron dejadas en libertad. La agrupación no borra de sus archivos el nombre de la víctima hasta que ésta es dejada en libertad o es encontrado el cadáver de la misma.

El gobierno y las FARC fracasaron en sus anteriores dos negociaciones de paz serias que emprendieron en las últimas tres décadas.

Aunque los rebeldes y han elogiado la disposición de Santos para examinar una reforma agraria y la devolución de tierras robadas a campesinos hoy sin parcelas, la violencia se ha intensificado en las últimas semanas dentro del conflicto.

Las FARC mataron por lo menos a 11 soldados en un ataque que efectuaron a mediados de marzo en Arauca, cerca de la frontera venezolana, en tanto que las fuerzas armadas respondieron con dos bombardeos de precisión contra campamentos rebeldes con resultado de más de 60 insurgentes muertos.

Los rebeldes han sufrido en los últimos años los peores reveses en su historia, los cuales comenzaron cuando Santos fue ministro de Defensa de 2006 a 2009 y gracias a la asistencia militar y adiestramiento estadounidense por miles de millones de dólares.

La principal fuente de financiamiento de las FARC es el tráfico de cocaína, y la presión militar les ha incrementado las dificultades para mantener a las víctimas de secuestros.

La libertad de los uniformados, concretada el lunes, la negoció la ex senadora izquierdista Piedad Córdoba, amiga del presidente venezolano Hugo Chávez. Córdoba ha fungido como intermediaria en la liberación de otros 20 rehenes en poder de las FARC desde enero de 2008.

Las FARC sólo han reconocido públicamente que tiene en su poder a cautivos a los que considera “canjeables”: policías, soldados o políticos a los que utiliza como moneda de cambio en un intento para intercambiarlos por rebeldes presos.

Esta guerrilla mantuvo numerosos prisioneros de este tipo a finales de la década de 1990, cuando controlaba casi la mitad del interior del país, pero los dejó en libertad gradualmente, sin que lograra el canje que pretendía.

Algunos de los cautivos fueron rescatados. La ex candidata presidencial francesa-colombiana Ingrid Betancourt y tres contratistas militares estadounidenses fueron liberados en 2008 en una audaz operación en la que soldados colombianos se hicieron pasar por miembros de un grupo humanitario internacional.

Sin embargo, otros cautivos, al menos 25, perecieron en poder de las FARC, algunos asesinados por los insurgentes cuando éstos advertían o imaginaban alguna operación de rescate cercana a las zonas donde tenían a las víctimas.

Diversos sectores señalan que es hora de que el gobierno colombiano responda al gesto de las FARC exhibiendo disposición política para lograr la paz.

Sin embargo, analistas advierten que las conversaciones de paz podrían tardar mucho tiempo en concretarse, aun si efectuaran negociaciones tras bambalinas.

Muchos descartan que estas negociaciones puedan tener lugar antes de las elecciones presidenciales de 2014.