Esther Cepeda

Columnista

CHICAGO – Ante la ausencia de una reforma migratoria bipartidista significativa y sustancial que satisfaga a ambos extremos del debate, nuestros legisladores deberían admitir que no existe la voluntad ni el capital políticos para abordar el asunto con honestidad y, por tanto, nuestras leyes migratorias permanecerán como están, hasta nuevo aviso.

Eso no caerá muy bien entre los que dependen de una reforma a corto plazo para poder acceder a la “vida mejor” por la que vinieron. Y no estoy diciendo, por cierto, que haya que renunciar a la lucha, sino que hay que ser realistas y que el sistema seguirá siendo tan disfuncional como lo es ahora, durante un tiempo.

Diversas versiones de la Ley DREAM y propuestas de reformas integrales han fracasado, habitualmente, en Washington, durante 10 angustiosos años. ¿No sería mejor un descanso oficial y saber cómo serán las cosas en los próximos años que otra década de falsas esperanzas y promesas incumplidas?

Tras observar atentamente los los avances y retrocesos de varios planes presentados por ambos partidos políticos, veo, más que nunca, que con la economía aún diezmada y con la división ideológica entre republicanos y demócratas, no hay manera de que la reforma migratoria se apruebe en los próximos años. La enemistad es demasiado grande.

Un ejemplo, entre muchos, ilustra cómo los dos extremos del debate migratorio parecen existir en galaxias separadas, cuando se trata de la percepción de la inmigración ilegal.

El lunes, horas antes de aparecer en TV para quejarse de que los republicanos no estaban participando en un acuerdo sobre el techo de la deuda y de pedir a los estadounidenses que resolvieran la crisis ellos mismos presionando a sus representantes electos directamente, el presidente Obama —que de aquí en adelante será, para mí, el presidente hazlo-tú-mismo— expresó ante un público adulador, en la conferencia anual del Consejo Nacional de La Raza, que era responsabilidad de ellos encontrarle una “pareja de baile” republicana para impulsar la reforma.

Fue una repetición de su discurso de mayo en la frontera mexicana, donde quitó importancia al número récord de deportaciones durante su gobierno y en el que también pidió a su público, básicamente, que movieran sus traseros y comenzaran a presionar para obtener la reforma —como si los que estaban en ese grupo no hubieran estado haciéndolo desde 2005, cuando se iniciaron las severas medidas contra los inmigrantes ilegales.

La respuesta que obtuvo Obama fue que el público de La Raza comenzó a gritar y rogar/exigir que demostrara liderazgo en este asunto y promulgara protecciones específicas para los individuos que podrían beneficiarse de la aprobación de la Ley DREAM, camino hacia la legalización para inmigrantes jóvenes, que prometen asistir a la universidad o incorporarse a las fuerzas armadas. El presidente, a quien muchos activistas llaman “deportador en jefe”, dijo que no podía hacerlo y volvió a dejar pasar el asunto.

Exactamente al día siguiente, en esa tierra de fantasía donde se ve a Obama como a un agente secreto que quiere “meter la amnistía por la puerta trasera” a pesar de haber deportado a 1 millón de inmigrantes ilegales en los dos últimos años, los republicanos estaban conspirando. El martes, el representante Lamar Smith, republicano por Texas, propuso la Ley HALT —siglas en inglés de “Dificultar la tentación de legalización del gobierno”— que prohibiría que Obama hiciera excepciones en la política migratoria.

¿De qué color es el cielo en el mundo de Smith?

Toda reforma migratoria racional colocará las necesidades de nuestra nación por encima de las de electores particulares o grupos de defensa. Requerirá conversaciones matizadas, impulsadas por los datos, y la voluntad de los líderes de ambos bandos de hacer concesiones que causarán grandes disgustos.

Si utilizamos como indicación la demagogia y el empecinamiento partidista que ha caracterizado el debate del techo de la deuda, la toma racional de decisiones de este tipo es impensable en un futuro cercano.

Los representantes electos con la valentía para decir las cosas como son, dejarán de dar esperanzas a sus electorados interesados en la reforma prometiendo que el año próximo, el próximo Congreso o el próximo presidente crearán una oportunidad realista para que las leyes migratorias funcionen.

Una honestidad tal sería una trágica admisión para millones de personas cuyas vidas penden en equilibrio. Pero la peor alternativa es otra década más de pensar que su situación mejorará de alguna forma, cuando la realidad política es que hay pocas probabilidades, o ninguna, de que eso ocurra pronto.