SAN SALVADOR, El Salvador (AP)
La Fiscalía General de la República pidió el lunes embargo por más de dos mil millones de dólares para nueve exfuncionarios de gobierno acusados de actos de corrupción para beneficiar a una empresa extranjera para la explotación geotérmica en El Salvador.
La Fiscalía entregó la solicitud después que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador le ordenó establecer el monto total del reclamo civil y se proceda “al embargo preventivo” para continuar el juicio.
De los más de dos mil millones de dólares, se pide que se embarguen 37,9 millones de dólares a Guillermo Sol Bang, ex presidente de la estatal Comisión Ejecutiva del Río Lempa —encargada de los recursos hidroeléctricos del país_, acusado de peculado en las negociaciones y suscripción de contratos con la empresa italiana Enel Green Power.
La Fiscalía pide que se embargue con la misma cantidad al exministro de Economía Miguel Lacayo.
Lacayo, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Francisco Flores (1999-2004), está acusado de instigación al peculado.
También pide que se haga efectivo un embargo por 948,3 millones de dólares a cada una de las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A de C.V.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker les impondrán un embargo de 15,1 millones de dólares.
A los imputados José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón se les impondrá un embargo de 8,4 millones de dólares.
Según la Fiscalía, en las negociaciones con la empresa italiana hubo un perjuicio económico para el Estado de casi 2.000 millones de dólares.
Durante la administración de Flores en 2002, Enel suscribió un contrato con la CEL que le permitía obtener una mayor participación accionaria en LaGeo, una subsidiaria de la Comisión, a medida que inyectara inversión al país.
Paraguay
Guerrilla mantiene a joven secuestrado
ASUNCION, Paraguay (AP)
El grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo informó en un comunicado enviado a un canal de televisión que mantiene en su poder a un adolescente de 16 años capturado en una finca del norte del país una semana atrás.
El ministro del Interior Francisco de Vargas dijo el miércoles en conferencia de prensa que “la vida e integridad física del menor… constituyen prioridad para los organismos de seguridad”.
Agregó que “en este comunicado el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) asume que lo tiene en su poder, adjudicándose la autoría de su privación de libertad”.
De Vargas aclaró que “no hay confirmación oficial acerca de la versión de que el grupo criminal exigió 200.000 dólares a la familia del joven a cambio de su liberación”.
La captura ocurrió el 2 de abril cuando unos 15 guerrilleros ingresaron a una finca de colonos brasileño-paraguayos en Azotey, departamento de Concepción, a 376 kilómetros al norte de Asunción, para robar alimentos.
Agentes militares y policías, instalados en la zona precisamente para intentar capturar a la banda, se enfrentaron a tiros con el grupo.
En el tiroteo murieron un militar y dos guerrilleros.
En su retirada hacia el interior de la selva, los atacantes utilizaron al joven como escudo humano.
El EPP envió un comunicado la noche del martes al correo electrónico del canal 9 de televisión de Asunción.
Un párrafo del mensaje indica textualmente que el gobierno del presidente Horacio Cartes “y sus voceros no quieren aceptar que el EPP tiene retenido en su poder (al joven)… y salen con el cuento de robo domiciliario o rapiña de vivienda del colono”.
El EPP surgió en 1997 como una banda de asaltantes de bancos y financieras.
A partir de 2001 se dedicaron a los secuestros con fines extorsivos y en 2008 se autodenominaron Ejército del Pueblo Paraguayo, de extrema izquierda.
Desde 2008 la guerrilla ha asesinado a tres militares, 13 policías y 22 civiles.
