El Condado de Yakima presentó un convenio el 6 de febrero de 2019, resolviendo las reclamaciones presentadas en su contra en Sanchez-Ochoa. Esto le da seguimiento a un fallo presentado contra el Condado en el caso relacionado de Olivera. Después de más de un año de litigio retando el uso de las ordenes de inmigración por parte del Condado de Yakima, la cárcel del Condado de Yakima cambiará su política sobre la cooperación con ICE.

Servicios Legales Columbia y NWIRP representaron a personas, en ambas acciones Sanchez y Olivera, quienes no pudieron pagar la fianza o no fueron puestos en libertad después de haber pagado la fianza, debido a ordenes de retención de inmigración puestas en ellas bajo la política anterior del Condado de Yakima. Bajo la política anterior, los oficiales del condado presentaban una orden de retención de inmigración en cualquier momento en que los oficiales federales de inmigración les enviaban una orden de “arresto” administrativa. Cuando la persona ya tenía derecho de ser puesta en libertad por el delito estatal, el condado continuaba reteniendo a la persona designándola bajo la custodia de ICE.

“Las cárceles en el Condado de Yakima y en toda la nación no pueden negar el derecho constitucional a la libertad de una persona a menos que el gobierno haya demostrado causa probable,” dijo Alfredo González, un abogado con Servicios Legales Columbia. “Los cuerpos policiales locales no necesitan violar la Constitución y los derechos de las personas para conseguir que nuestras comunidades estén seguras.”

En el acuerdo de convenio, el condado se compromete en lo siguiente:

• El Condado de Yakima no seguirá prolongando la detención de personas quienes ya son elegibles para ser puestas en libertad de la custodia del condado en respuesta a pedidos por parte de las autoridades de inmigración;

• El Condado de Yakima cesará las transferencias “electrónicas” a la custodia de inmigración y liberará a las personas de la custodia del condado cuando ya tienen derecho de ser puestas en libertad;

• Yakima no publicará órdenes judiciales de inmigración o de retención en el sitio web de la cárcel del condado, pero confirmará cuando una persona está retenida bajo el contrato con las autoridades federales;

• El Condado de Yakima acordó pagar un total de $25,000 en daños y honorarios en Sanchez-Ochoa; y

• Adicionalmente, el Condado de Yakima pagó $157,000 en daños y honorarios en Olivera

“Yo quería hacer una diferencia en la vida de otras personas como yo” dijo el Sr. Antonio Sanchez Ochoa.

“Pensamos que este es un paso importante hacia adelante,” dijo Matt Adams, director legal de NWIRP. “Los oficiales de la ciudad y del condado no están autorizados para hacer cumplir las leyes de inmigración y no pueden retener a las personas simplemente porque los oficiales de inmigración se lo piden.”