Por ASTRID GALVAN,

Associated Press

PHOENIX (AP) — Daniel Briones tiene un título en economía y trabaja en un banco, pero su futuro está envuelto en la incertidumbre.

Con 30 años de edad y residente de San Marcos, Texas, Briones es beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado para los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños pero que no tienen estatus legal.

El plan más reciente del presidente Donald Trump para reabrir el gobierno federal extendería las protecciones del programa por tres años más, pero la idea tiene pocas posibilidades de ser aprobada y nadie sabe cuál será el siguiente paso.

Los llamados “dreamers”, beneficiarios del programa implementado durante el gobierno del presidente Barack Obama, conocido como DACA, han pasado casi cinco años lidiando con las constantes amenazas a ese sistema, el cual cambió sus vidas al permitirles trabajar legalmente y protegerles de la deportación. El programa ha sido impugnado en tribunales y el Congreso. Y luego Trump anunció en 2017 que le pondría fin, aunque las cortes federales obstaculizaron ese plan.

El destino de unos 700.000 “dreamers” está en el aire, y muchos de ellos dicen estarse hartando de ser peones en el ajedrez político en materia migratoria.