Por E.J. TÁMARA,

Associated Press

LOS ANGELES (AP) — Al cumplir su sentencia en febrero por violencia doméstica, Víctor Calderón Suárez fue transferido a las autoridades de inmigración porque vive en el país de manera ilegal y luego fue enviado a un centro de detención migratorio.

Años atrás, muchos inmigrantes no hubieran levantado un dedo para ayudarlo a que se quede en el país. El martes, sin embargo, una decena de padres y madres inmigrantes pidieron a viva voz que Calderón, un mexicano de 33 años, sea puesto en libertad.

“Pedimos que lo suelten inmediatamente”, gritó una de estas madres afuera de un edificio federal en el centro de Los Angeles, donde se congregaron para apoyar a la madre de Calderón, quien llegó a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para entregar una carta en favor de su hijo.

El cambio de percepción se debe en parte a organizaciones de dreamers como la Coalición de Jóvenes Inmigrantes y la Alianza de Jóvenes Inmigrantes para la Justicia en California, que están respaldando el caso de Calderón.

Edna Monroy, integrante de la alianza, que es una coalición estatal de organizaciones de dreamers, dice que el objetivo de tomar casos de personas con antecedentes, que ya cumplieron sus sentencias, es confrontar la división interna que existe dentro de la comunidad inmigrante, entre buenos inmigrantes y malos inmigrantes.

“Estamos haciendo esto intencionalmente para combatir esta retórica. Familias son familias”, dijo la joven. “Si los cargos son menores y ellos ya cumplieron sus sentencias, los deben de dejar regresar a la comunidad”.

Uno de estos casos es el de Calderón, quien, según su madre Patricia Suárez, ha cumplido sentencias relacionados a violencia doméstica y resistir un arresto, los cuales serían delitos menores.

“Aunque fuera el peor delincuente, él tiene derechos. Por ese motivo, vamos a pelear hasta el último para hacer valer sus derechos”, dijo Suárez, quien resaltó que su hijo dejaría a sus tres hijos atrás si es que es deportado.

Calderón fue arrestado el 31 de diciembre y acusado de no haber cumplido se sentencia relacionado a un delito de violencia doméstica, de acuerdo con su madre. Unos dos meses después, al terminar de cumplir su sentencia, fue transferido a las autoridades de inmigración y ahora está en el Centro de Detención en Adelanto, en el noreste de Los Angeles.

El ICE no contestó inmediatamente un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios al caso de Calderón.

En el último año, la Coalición de Jóvenes Inmigrantes, conocida en inglés por sus siglas IYC, ha tomado como una docena de casos como éste desde que se fundó en el 2011, de acuerdo con Luis Serrano, portavoz de esta organización.

El inicio de este esfuerzo ocurrió en el mismo año que las autoridades de inmigración establecieron regulaciones que decían que personas con delitos menores no eran el enfoque de la agencia.

Al menos cinco de estos casos han sido exitosos, según Alexis Navas Teodoro, integrante de Raíz, sucursal de la IYC en el condado de Orange.

Uno de estos casos fue el de Marcela Rodríguez, quien fue a dar a un centro de detención luego de ser acusada de abuso doméstico tras una riña con su pareja.

Según el IYC, Rodríguez en realidad fue víctima de su agresor y su caso empeoró luego de que ella se declarara culpable siguiendo los consejos de su abogada.

A través de la campaña #not1more, en la que participaron otras organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros, Rodríguez no solo salió en libertad sino que obtuvo una visa para víctimas de violencia doméstica.

El IYC tomó su primer caso en el 2012, tras darse cuenta que el movimiento pro reforma migratoria no se estaba enfocando en inmigrantes con antecedentes.

“Ese año tomamos un caso de un conductor que manejó en estado de ebriedad y entonces era difícil conseguir apoyo porque la gente decía que ellos habían actuado mal y deberían de ser deportados. Nosotros dijimos, ‘No”’, dijo Serrano. “Creemos que no debería de haber dos sistemas, uno para los buenos inmigrantes y otro para los malos inmigrantes”.

La reacción también responde a las mismas experiencias de los integrantes de las organizaciones, algunos de los cuales no eran los dreamers exitosos o sobresalientes hasta entonces conocidos.

Uno de estos dreamers es Serrano, de 27 años, quien ha sido arrestado por robo menor, abandonó la secundaría y todavía no se gradúa de la universidad.

“La realidad es que la mayoría de la comunidad inmigrante es gente de clase trabajadora”, puntualizó Serrano.