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Desde hace 13 años, Julio Javier Padilla Montoya ahorra religiosamente entre 10 y 20 dólares a la semana para estar preparado al momento de pagar la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de él y su familia.

Cada 18 meses, este hondureño –que vive en Estados Unidos desde hace 19 años, 13 de ellos cobijado por el TPS–, tiene que realizar un trámite de renovación que en 2010 tuvo un costo de 465 dólares por persona (380 dólares por la tarifa de inmigración y 85 dólares por las huellas).

“Haya trabajo o no, mi prioridad es tener el dinero para pagar la renovación del TPS. Por eso, cada semana ahorro así sean 10 dólares, que así no tenga para pagar las cuentas, no los toco”, dijo Padilla. “En los últimos años, la situación de la economía se ha vuelto cada vez más difícil y por eso no puedo esperar a que esté cerca el plazo de la renovación para conseguir el dinero, porque nadie me garantiza que lo conseguiré a última hora”.

Decenas de miles de familias salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses se encuentran en la misma situación, ya que entre el 5 de enero (hondureños y nicaragüenses) y el 9 de marzo (salvadoreños) de 2012 se les vence el TPS. Se espera que Estados Unidos acceda a renovarlo en los próximos meses, pero esa renovación no es automática, sino que los afectados tienen que hacer una solicitud formal.

“Está muy caro, pero no hay más remedio. Hay que ahorrar para eso, porque todos sabemos que expirará el plazo”, declaró la salvadoreña, Marta Pérez, de 39 años y quien cuenta con el TPS desde el 2001.

“No tengo otra opción que pagar. Pero hay familias (de varios miembros) que lo tienen más caro”, expresó Pérez, nacida en San Miguel y quien trabaja en la lavandería de un asilo para ancianos en Stamford, Connecticut. Su marido es un guatemalteco sin papeles y la pareja, que viven en Stamford, tiene una hija estadounidense.

El trámite de renovación representa un gasto elevado en momentos en el que el desempleo hispano se encuentra en el 11.3% a nivel nacional, en comparación con una tasa general de paro del 9,1%, según el Departamento de Trabajo.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Pew publicado recientemente, la crisis económica de 2008 en Estados Unidos afectó principalmente a los hispanos.

El estudio, que se basa en datos de la Oficina del Censo de 2010, estima que el patrimonio familiar promedio hispano se redujo en 66% entre 2005 y 2009, pasando de 18.359 dólares a 6.235 dólares, mientras que el patrimonio de los hogares blancos se redujo sólo un 16%.

A lo anterior se agregan las medidas que varios estados de la Unión han implementado para detectar a los indocumentados y la cada vez más etérea reforma migratoria que han puesto a millones de latinos en total estado de indefensión y vulnerabilidad. Así mismo, de acuerdo con Susana Barciela, directora de Florida Immigrant Advocacy Center de Miami (FIAC).

“En las comunidades inmigrantes siguen deportando y deteniendo a personas que no tienen antecedentes criminales y vemos cómo las familias están sufriendo las consecuencias”, dijo Barciela.

Para que las familias centroamericanas amparadas por el TPS estén preparadas para cubrir el gasto de la renovación y no se queden sin el estatus legal, diferentes organizaciones realizan campañas en las que tratan de destacar la importancia del ahorro para que no estén a última hora sufriendo para conseguir los recursos para la renovación.

Y es que para una familia de varios integrantes el costo de la renovación se convierte en un gran dolor de cabeza.

“El año pasado casi no podemos reinscribirnos porque no contábamos con los recursos para hacerlo”, dijo José Guerra, un hondureño que junto a su esposa y dos hijos vive en Estados Unidos desde hace 13 años.

“Hace tiempo que no tengo un trabajo estable y con lo que consigo nos da justo para vivir. En 2010 no tenía cómo conseguir 1,860 dólares (465 por cada uno) para pagar y poder reinscribirnos”.

Aseguró que sólo faltando un día para que se concluyera el plazo de reinscripción logró reunir el dinero a través de un préstamo que le hizo un familiar.

A nivel nacional, hay 66,000 hondureños cobijados por el TPS –casi la mitad que cuando se lanzó este programa–, y 8,000 nicaragüenses, una tercera parte de los que hubo en su momento, según la Organización Morazán. Se supone que las mermas obedecen a que muchos regularizaron su situación o se regresaron a sus países, ya sea deportados o por no conseguir trabajo.

Además hay 217,000 salvadoreños amparados por el TPS.