MANUEL VALDES

SEATTLE (AP)

El año pasado, el gobernador de Washington se negó a decidir a nombre de todos los alguaciles del estado si deberían implementar un programa federal que coteja las huellas digitales de los inmigrantes con las bases de datos penales.

Así, cada alguacil debió decidir por sí mismo si activaría la iniciativa “Comunidades seguras”.

Ahora que más de una decena de los 39 condados de Washington están participando en el programa, la mayor organización del estado en favor de los inmigrantes ha emprendido, junto con sus aliados, una campaña para detenerlo.

Algunos de los alguaciles involucrados, sobre todo en los condados más pequeños, argumentan que el programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es solamente otra manera de asegurar que las personas con antecedentes penales sean sometidas a una revisión adecuada.

“Para nosotros no es inusual que alguien afirme ser alguien que no es”, dijo el alguacil del condado de Franklin, Richard Lathim. “Esto es solamente una capa más de medidas de seguridad”.

La oposición a Comunidades Seguras se ha extendido por todo Estados Unidos a medida que el programa evoluciona, y su destino es aún incierto. La secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano dijo que las comunidades no tendrán la opción de no respaldar el programa cuando sa de cumplimiento obligatorio en 2013.

Los grupos a favor de los derechos de inmigrantes argumentan que Comunidades Seguras puede desalentar a los inmigrantes a denunciar delitos, y puede resultar en la deportación de personas que no han sido declaradas culpables de ningún crimen. Los activistas emprendieron una ofensiva contra el programa este año, obteniendo y publicando documentos internos, presionando a legisladores y estableciendo grupos comunitarios.

“Necesitamos un sistema de inmigración que se encargue de la inmigración. Hay muchos mecanismos establecidos para los delincuentes graves. Ellos ya pueden ser rastreados”, dijo Pramila Jayapal, directora ejecutiva de OneAmerica, el mayor grupo a favor de inmigrantes del estado.

Su grupo se ha reunido con muchos de los alguaciles que están decidiendo si pondrán en práctica el programa. En el condado de Yakima, el primero en participar, el grupo pro inmigrantes llevó a los opositores de Comunidades Seguras a reuniones del concejo municipal después que las autoridades del condado se negaron a reunirse con ellos.

En el estado de Washington, el ICE le pidió al gobernador Chris Gregoire en 2009 que tomara una decisión por todos los condados. El vocero de la policía estatal Bob Calkins dijo que la oficina del gobernador decidió en 2010 que no socavaría la autoridad de los condados en materia de seguridad, pero que la policía estatal apoyaría a cualquier municipio que quisiera participar en el programa federal.

La policía estatal mantiene la base de datos de huellas digitales de los condados y comparte las huellas con el FBI. Por el momento, el FBI envía las huellas de aquellos condados que han optado por participar en el programa al ICE, que luego las compara con su propia base de datos.

Lathim considera que el nuevo programa no tendrá mayor impacto en el condado de Franklin. Dice que las autoridades de inmigración han revisado a los detenidos en el condado rutinariamente desde hace dos décadas.

Comunidades Seguras forma parte del esfuerzo del ICE de perseguir a inmigrantes con antecedentes penales. Las revisiones de los detenidos son parte del Programa de Extranjeros Criminales.

Lathim señaló que a los grupos defensores de los inmigrantes les gusta mostrar datos que revelan que la mayoría de las personas deportadas luego de identificarse que no están autorizadas a permanecer en el país no tenían antecedentes penales. Explicó que los condados no quieren gastar recursos presentando cargos contra personas que por su situación migratoria serán deportadas de todas maneras.

“OneAmerica ofrece esta cifra como si aquí se estuviera cometiendo una injusticia horrenda”, dijo.

Pero Toby Guevin, director de política de OneAmerica, advirtió que aún no se ha visto el impacto financiero del programa en los condados. Dijo que si un inmigrante se encuentra detenido por un delito menor identificado por Comunidades Seguras, esa persona permanecerá encarcelada hasta ser recogida por los agentes migratorios, lo cual podría crear gastos adicionales para el condado. “Yo creo que lo que estamos diciendo es que deberemos esperar antes de alcanzar cualquier acuerdo”, dijo Jayapal.