(AP) — La iniciativa, encabezada por los departamentos de seguridad nacional, de Justicia y la comisión comercial federal (FTC por sus siglas en inglés), tendrá como objetivo enjuiciar a quienes ofrecen servicios legales ilegítimos y educar a la población para que eviten ser víctimas.

Como parte del esfuerzo, FTC creó una categoría para servicios migratorios en su proceso de recepción de quejas, lo que permitirá por primera vez centralizar las denuncias sobre migración en una base de datos en línea que ya agrupa seis millones de quejas de consumidores y es compartida por 2.000 despachos gubernamentales. FTC es el único despacho del gobierno federal encargado de proteger al consumidor.

John Morton, director de la oficina de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), explicó en conferencia de prensa que su despacho no buscará deportar a inmigrantes indocumentados que denuncien a personas que buscan perpetrar un fraude migratorio. “Somos un organismo de seguridad y queremos poner en la cárcel a quienes violan la ley. El gobierno ejerce su discreción en esta instancia en particular”, expresó.

Alejandro Mayorkas, director de la oficina de inmigración y naturalización (USCIS por sus siglas en inglés) señaló que “estamos dedicados a proteger a inmigrantes vulnerables de aquellos que buscan explotarlos. A través de nuestro alcance sostenido, los esfuerzos para el cumplimiento de la ley y la educación y nuestra colaboración con organismos locales, estatales y federales, brindaremos a las comunidades que servimos la ayuda necesaria para combatir este problema pernicioso”.

Con frecuencia, las personas que se hacen pasar como notarios cobran por servicios que las autoridades brindan de manera gratuita, ofrecen obtener beneficios migratorios más rápido que lo usual o a personas que no podrían recibirlos.

El subsecretario de Justicia para la división civil Tony West dijo que su despacho completó siete casos el año pasado relacionados con fraudes migratorios y actualmente hay varios en diferentes etapas, tanto en la jurisdicción penal como en la civil.

West agregó que el Departamento de Justicia buscará animar a las víctimas a formular denuncias, entrenará a abogados en leyes migratorias para aumentar la cantidad de personas capacitadas para ofrecer asesoría legítima y establecerá centros de detención de notarios fraudulentos en siete ciudades piloto, cuya evaluación dio lugar a esta campaña. Las siete ciudades son Atlanta, Baltimore, Detroit, Fresno, Los Angeles, Nueva York y San Antonio.

La campaña incluye un sitio web, folletos, avisos para radio y medios impresos en inglés y español.