Por BOB CHRISTIE,

Associated Press

PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes jóvenes a los que el gobierno del presidente Barack Obama ha protegido de la deportación tienen derecho a las tarifas de enseñanza que algunas instituciones de educación superior de Arizona cobran a los estudiantes del estado, dijo el martes en un fallo un juez del condado Maricopa.

Arthur Anderson, juez de la Corte Superior, emitió su decisión respecto de la demanda que presentó el ex procurador general estatal Tom Horne contra el Distrito de Colegios Comunitarios de ese condado.

Horne había alegado que los “dreamers”, no viven legalmente en Estados Unidos ni pueden acceder a prestaciones estatales debido a una ley promulgada mediante referendo en 2006 conocida como Propuesta 300.

Sin embargo, el juez Anderson señaló que la Propuesta 300 no suprime las prestaciones públicas a los inmigrantes que viven legalmente en el país, Por lo tanto, los jóvenes a los que se ha protegido de ser expulsados del país pueden acceder a las tarifas que se cobran a los alumnos estatales que estudian en colegios comunitarios, agregó.

“Es la ley federal, no la estatal, la que determina quién se encuentra legalmente en Estados Unidos”, escribió Anderson.