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PHOENIX (AP) — La gobernadora Jan Brewer canceló la reunión anual de los estados fronterizos de México y Estados Unidos programada para septiembre en Phoenix debido a las objeciones de gobernadores mexicanos a la nueva ley de inmigración en Arizona.

Sin embargo, algunos funcionarios analizan la posibilidad de realizar el encuentro en otro lugar.

Arizona había asumido el compromiso de organizar la 28va Conferencia de Gobernadores Fronterizos Estados Unidos-México entre cuatro mandatarios estadounidenses y seis mexicanos. Pero Brewer informó el miércoles que el encuentro fue cancelado porque los gobernadores mexicanos planeaban boicotearlo.

La gobernadora republicana indicó que estaba decepcionada por el boicot y expresó la esperanza de que los gobernadores de Nuevo México, Texas y California apoyen su decisión.

“El pueblo de Arizona y el pueblo de Estados Unidos respaldan lo que Arizona ha hecho”, aseguró Brewer. “Creo que es injusto el hecho de que (los gobernadores mexicanos) básicamente no asistan aquí por eso (la nueva ley)”.

Sin embargo, los gobernadores de Nuevo México y California intentan efectuar la reunión en otro estado, con o sin la participación de Arizona, anunciaron voceros.

Los 10 estados fronterizos representan la región binacional más importante y dinámica del mundo, con una economía conjunta clasificada como la número tres del planeta, según la página en internet de la 28va conferencia.

En una carta difundida en junio, los gobernadores de los estados mexicanos de Baja California, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas dijeron que la nueva ley de inmigración viola los derechos civiles y tiene disposiciones basadas en prejuicios étnicos y culturales. También insinuaron que la reunión fuera reubicada a otro estado fronterizo de Estados Unidos.

El diario The New York Times reportó el miércoles la cancelación de la conferencia en Arizona.

La nueva legislación del estado cobra vigencia el 29 de julio a menos que una corte la suspenda, sobre todo luego de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta el martes por el gobierno de Estados Unidos.

La ley permite a los policías, al aplicar otras legislaciones, verificar la situación migratoria de una persona si hay una “sospecha razonable” de que se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal.