Por Freddy Cuevas y Peter Ors

Associated Pres

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TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Meses antes de su muerte, la activista Berta Cáceres denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte relacionadas con las protestas que organizaba en torno a un proyecto hidroeléctrico en tierras ancestrales de la comunidad indígena lenca. El tres de marzo, individuos armados ingresaron por la fuerza a la casa de Cáceres durante la noche, le dispararon cuatro veces y también hirieron a un activista mexicano que se hizo pasar por muerto. El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman. La muerte de Cáceres estuvo rodeada de un manto de misterio hasta el lunes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluido un empleado de seguridad que trabajaba, como contratista, para Desarrollos Energéticos SA, o DESA, la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Familiares y allegados a Cáceres, sospechan desde hace tiempo que la compañía y funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas hondureñas están involucrados en el asesinato. Documentos indican que el gobierno y DESA trataron de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto.