TALES AZZONI,

Associated Press

SAO PAULO (AP) — Porto Alegre no podrá albergar partidos de la Copa del Mundo si los legisladores locales no aprueban una iniciativa que ayude a financiar la instalación de estructuras temporales necesarias para el torneo, advirtió el lunes el alcalde de esa ciudad meridional brasileña.

“Estamos en una situación complicada”, dijo el alcalde José Fortunati a la Radio Gaucha. “Si no hay votación, esto se estanca y no tendremos Mundial en Porto Alegre”.

La advertencia surge en el día en que el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, llegó a Río de Janeiro para una serie de reuniones en las que se discutirán los preparativos de Brasil para el torneo que arranca en junio.

Valcke es el funcionario encargado del Mundial.

No hay un cronograma para realizar la votación, y la FIFA advirtió que hacen falta hasta tres meses para instalar las estructuras. El Mundial comienza el 12 de junio.

El organismo rector del fútbol mundial ha señalado también que no pueden realizarse partidos que no cuenten con las instalaciones temporales usadas para la prensa, los patrocinadores y los equipos técnicos.

La iniciativa debe ser aprobada por los legisladores de Río Grande do Sul a fin de garantizar las exenciones fiscales para las empresas interesadas en construir las instalaciones.

El gobierno local indicó ya que no erogará dinero público en los proyectos, que son responsabilidad del dueño del estadio. Internacional, el club a cargo de la sede, anunció recientemente que no pagaría todas las estructuras, lo que obligó a que los funcionarios locales se lanzaran en busca de una solución.

“La situación es difícil y preocupante”, dijo Fortunati.

No es la primera vez que las autoridades locales tratan de presionar a los legisladores para que voten la iniciativa. Recientemente, el gobernador de Río Grande do Sul dijo que la ciudad está en peligro de quedar excluida del Mundial por las demoras en la votación.

Río de Janeiro pide ayuda contra los narcos

RÍO DE JANEIRO (AP) — Altos funcionarios de Río de Janeiro admitieron el viernes que le pedirán ayuda al cuerpo de elite de la policía federal para controlar una ola de violencia en las favelas que supuestamente ya estaban “pacificadas”. El anuncio ocurrió horas después que supuestos miembros de una banda de narcos atacó tres retenes policiales en las favelas, donde hirieron a tres agentes e incendiaron uno de los contenedores que usan como oficinas en esas barriadas pobres. El incidente ocurrió cerca de la favela que el papa Francisco visitó durante su visita a Brasil el año pasado.

Los ataques provocaron temor sobre el alcance de un ambicioso programa de seguridad iniciado en 2008, en parte para asegurar la ciudad antes del Mundial de este año y los Juegos Olímpicos de 2016.

Según la iniciativa, la policía y a veces soldados entran a las favelas, desalojan las bandas del narcotráfico e instalan puestos permanentes en las áreas que los narcos han usado durante décadas.

“Son los criminales quienes quieren esta guerra”, dijo el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, después de reunirse el viernes con la presidenta Dilma Rousseff durante dos horas. “Nosotros queremos paz en nuestras comunidades. Este es un momento en que las unidades de pacificación son confrontadas, provocadas. Es un claro intento de desmoralizar a las unidades”.

Cabral no proporcionó detalles sobre qué implicaría el acuerdo de aumento de seguridad con el gobierno federal, pero indicó que pronto podría enviarse a Río una fuerza combinada de policías federales y soldados para ayudar a patrullar los barrios marginados.

El ejército ayudó en el pasado, cuando la policía de Río de Janeiro tomó el complejo de barrios bajos de Alemao, ubicado sobre la carretera que conduce al aeropuerto internacional, una zona donde la policía ha sufrido varios ataques recientemente. José Beltrame, alto funcionario de seguridad y arquitecto del programa de pacificación, dijo que los recientes ataques a la policía fueron ordenados por líderes narcos presos en un esfuerzo por limitar la expansión del programa, que restringiría más su área de operaciones.

Desde el comienzo del programa de seguridad, la policía ha creado 37 “unidades de pacificación” permanentes que, según dicen, abarca un área con una población de un millón y medio. En esas áreas ha disminuido el número de asesinatos y tiroteos.