SEATTLE (AP) — Para ahorrar dinero, la Gobernadora Chris Gregoire quiere que indocumentados en prisiones del estado sean deportados.
Su propuesta estima que deportando a indocumentados – quienes estén sirviendo tiempo por crímenes de drogas o de propiedad – ahorrarán al estado más de $9 millones del presupuesto en los próximos dos años.
El estado se enfrenta a un déficit de $5.7 mil millones para las siguientes dos años y medio; Gregoire ha presentado un presupuesto sin nuevos impuestos pero con cortes de programas que incluye alrededor de $200 millones del Departamento de Correcciones, la oficina del Procurador General y otros programas de seguridad pública.
La propuesta de deportación está modelado de un programa en Arizona que ha salvado al estado más de $18.5 millones desde 2005, dijo Eldon Vail, de la Secretaría del Departamento de Correcciones del estado.
“No es una opción ideal, si ganancias estuvieran ahí, yo diría que cumplieran su condena”, dijo Vail. “¿Se hace mejor justicia? Es una pregunta difícil que se hace cuando uno no tiene los recursos”.
La propuesta llamaría a que el estado llegara a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos quienes realizan las deportaciones. En Washington, hay alrededor de 350 prisioneros quienes serían elegibles de ser transferidos a ICE. En promedio, una persona en la cárcel le cuesta al estado $90 al día, dijo Vail.
También incluye que trabajadores del estado como agentes de inmigración en algunos casos, en ayudar a ICE al procesar a indocumentados bajo los acuerdos del dicho 287(g), que son disputados por partidistas de inmigración.
“Generalmente, nosotros siempre estamos preocupados con cualquier intento por agentes locales y estatales quienes tratan de reforzar leyes migratorias, “ dijo Jorge Barón, director ejecutivo del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste.
Barón dijo que personas, incluso con antecedentes penales, todavía pueden obtener ciudadanía bajo la ley de Estados Unidos en algunos casos y otros pueden calificar para asilo político.
La propuesta de Gregoire representa un cambio de política alrededor de la inmigración ilegal en un estado que se ha mantenido alejado de hacer cumplir leyes migratorias. El estado atrae a trabajadores indocumentados con su gran industria agricultural.
“No somos Arizona”, dijo la senadora del estado Margarita Prentice, D – Renton. “No cualquiera puede ser rehabilitado, pero sé que nadie merece ser maltratado”.
Prentice dice que ella se opondrá la medida. La legisladora también está preocupada que otros programas que provee ayuda humanitaria a mujeres inmigrantes indocumentadas y a sus hijos sean candidatos a recortes.
“Inmigrantes son un grupo político vulnerables que sufren la parte más recia en situaciones difíciles con el presupuesto”, dijo Barón.
La propuesta de Gregoire necesitaría ser aprobada por los legisladores del estado para ser decretada, dijo Chad Lewis, portavoz del Departamento de Correcciones.
