Incendio en cárcel chilena

AP

Tensión, desórdenes y quema de colchonetas se han extendido por algunas prisiones del país en la última semana luego de un incendio en una cárcel en el que perecieron 81 reclusos.

La violencia tras ese incendio en una prisión capitalina dejado decenas de reos contusos y algunos custodios heridos, en tanto han debido actuar fuerzas antimotines y bomberos.

Los últimos desórdenes afectaron el jueves al penal de Quillota, 110 kilómetros al noroeste de Santiago, donde los reos levantaron barricadas incendiarias para oponerse al allanamiento a un sector de la cárcel.

Los custodios retomaron el control después de algunas horas de desórdenes. Una situación más grave se vivió el miércoles por la tarde en la Penitenciaría, la principal prisión de Santiago, cuando unos dos mil reclusos se amotinaron registrándose quema de colchonetas y levantaron barricadas en rechazo a un allanamiento.

Las revueltas se han sucedido después que 81 reclusos murieron hace ocho días en el penal de San Miguel, en la capital, en un incendio que consumió un sector de esa cárcel. El principal motivo del alto número de víctimas fue el hacinamiento, según los informes preliminares.

Luis Masferrer, director nacional del sistema carcelario, dijo el jueves que “estamos viviendo momentos dolorosos, pero que uno los puede equiparar con los dolores de un parto: en que va a nacer una nueva Gendarmería”.

La oleada de desórdenes se inició en San Miguel, siguió en la Penitenciaría, en dos ocasiones, se extendió a la cárcel de Calama, en el norte, y el jueves explotó en Quillota. En algunas prisiones los reos están en huelga de hambre.

Los reclusos protestan por el alto grado de hacinamiento, que en Chile bordea el 70%. La población penal recluida bordea las 55.000 personas.

Otra mal en las cárceles chilenas afecta a los custodios, cuyo número es insuficiente, lo que los obliga a extenuantes jornadas, con bajos sueldos y malas condiciones de vida.

Tanto el gobierno como la oposición de centroizquierda se responsabilizan por no darle soluciones al hacinamiento de las cárceles, en las que no existen talleres de rehabilitación y la reinserción social es casi nula. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, trabaja en una agenda carcelaria desde mediados de año.