Cindy Arriola

La Raza del Noroeste

Los fraudes migratorios ocasionados por “asistentes de inmigración” y notarios públicos han lastimado a varias familias.

Mirsa Crawford, originaria de Guatemala, fue una victima de una persona quién ella dice la engaño con sus documentos migratorios. Hace 27 años que ella junto con su esposo, emigraron a este país. El esposo de Crawford había obtenido un permiso de trabajo y planeaba solicitar su residencia, sin embargo una persona que Crawford dijo no era abogado les arruino el caso y se llevo consigo $1,000.

Hasta ahora, su situación migratoria no ha sido definida y dijo que “la confianza la hemos perdido”. Pero eso no fue lo único que perdió, los documentos que le habían dado a esta persona fueron extraviados y ahorra no tienen toda su documentación.

La Diputada Estatal Phyllis Gutiérrez Kenney (D-Seattle) propuso una ley al congreso estatal, la cual fue gestionada por el Procurador General Rob McKenna, esta protegería a personas inmigrantes de la asesoría legal fraudulenta. La medida es la HB 1146.

Los asistentes de inmigración, bajo la ley pueden registrarse con la Secretaria de Estado sin ningún entrenamiento y pueden proveer ciertos tipos de servicios que no son legales. Sin embargo, según Pedro Bernal, abogado en la oficina del Procurador General, muchas veces estas personas se cruzan la línea y empiezan a dar asesoramiento legal. “Esto claramente no esta permitido bajo las leyes federales”, dijo él.

Desde 1989 estos asistentes han podido ejercer este trabajo en Washington. Pero el nuevo proyecto de ley castigará severamente a las personas que den asesoramiento legal no siendo abogados.

“Nuestros esfuerzos son que las leyes de nuestro estado sean consistentes con las leyes federales y así mejorar la protección al consumidor”, dijo Bernal.

Muchos problemas han surgido por la interpretación que las personas le dan a la profesión de Notario Público, que en inglés es “notary public”. Una persona que es notario únicamente tiene la capacidad de notariar documentos y atestiguar, pero no de practicar leyes.

En muchos países de Latinoamérica un notario es también un abogado, pero en los Estados Unidos esto no es así. Según Bernal, estas personas engañan a la gente y les hacen creer que tienen más poder, cuando en si no lo tienen.

En una declaración escrita la Diputada Gutiérrez Kenney dijo: “Es gente desalmada que se aprovecha, explota y defrauda a familias inmigrantes en formas que están convirtiendo el sueño americano en pesadilla. Hay que detenerlos.”

En una entrevista telefónica, la diputada hizo referencia a un caso en Wenatchee, donde 150 personas fueron deportadas luego de obtener asesoramiento legal por una persona que no era abogado.

Bajo las leyes establecidas en este momento, las personas no autorizadas a dar asesoría legal podrían enfrentar cargos criminales que serían penalidades monetarias y hasta cárcel. Lo que la nueva ley haría es mantener las penalidades criminales, y agregaría penalidades civiles.

Según Bernal hay 200 personas que están registradas como asistentes migratorios, pero están seguros de que existen más.

Crawford nunca interpuso una queja en contra de la persona que la estafó. Bernal dijo que esto es muy común entre la comunidad latina por temor, y por esta razón no hay una cifra de las personas que han sido afectadas. Bernal dijo que si hay personas que han sido engañadas pueden hacer un reclamo a las oficinas del Procurador General. Hay personal que habla español.

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