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Los cuatro militares acusados como responsables de la matanza en 1982 de cientos de campesinos, incluidos docenas de niños, en una comunidad agrícola del norte de Guatemala, rechazaron el lunes haber tenido cualquier participación en los hechos.

Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun, Carlos Antonio Carias y Daniel Martínez comparecen desde el lunes en un juicio en el que son acusados por la fiscalía de asesinato, delitos contra la humanidad y hurto agravado ante el Tribunal Primero de Alto Impacto de Guatemala.

El ministerio Público los responsabiliza de haber cometido 201 asesinatos en la comunidad Las Dos Erres, en el departamento de Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital.

La acusación del Ministerio Público dice que los militares llegaron a inicios de diciembre de 1982 a la aldea en busca de 21 fusiles que la guerrilla, que operaba en la región, les había robado días antes. No encontraron las armas, pero acusaron a la población de colaborar con los rebeldes y mataron al menos a 250 personas y desterraron a cientos más, según los registros judiciales.

Carias, quien entonces era subteniente y comandaba el destacamento de Las Cruces, a 10 kilómetros de la aldea exterminada, dijo en su primer declaración que no participó en los hechos causantes de la acusación. “Ese día a las 5 de la tarde la gente llegó a contarme que habían problemas en el lugar y como no era mi jurisdicción no puede ayudarlos”.

El suboficial Daniel Martínez dijo que a él lo que le consta es que lo mandaron a vigilar a un kilómetro del lugar de la masacre y “al siguiente día me reuní con unos soldados que llorando me contaron que los habían obligado a tirar cuerpos en el pozo, pero no me acuerdo como se llamaban” los otros uniformados.

Al exhumar fosas clandestinas localizadas en la comunidad se recuperaron los restos de 171 personas.

La matanza es uno de los casos descritos en el informe de una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) instaurada por las Naciones Unidas después que el gobierno y las guerrillas firmaron en 1996 un tratado de paz que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.

La masacre de las Dos Erres fue cometida en el marco de una política de estado denominada “tierra arrasada” que exterminó a docenas de poblaciones indígenas que eran consideradas proclives a apoyar o engrosar las filas rebeldes.

El informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, que atribuyó al ejército y patrullas paramilitares la gran mayoría de atrocidades perpetradas en el conflicto, recogió las descripciones de sobrevivientes según las cuales “los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo”.

Como responsables fueron señalados integrantes de una unidad de “kaibiles”, militares adiestrados en un riguroso y extremo curso como comandos antiinsurgentes.

La exhumación de los restos de las víctimas de la matanza reveló que fueron asesinados por lo menos 67 niños menores de 12 años y 24 mujeres. La comisión de la ONU identificó a un total de 178 víctimas y los antropólogos forenses que desenterraron la fosa común dijeron que había restos de por lo menos 162 individuos. Trabajos posteriores dieron con cinco cuerpos más.

Sobrevivientes de la masacre rendirán su testimonio en el juicio; también lo harán la actual fiscal general Claudia Paz y Paz y el ex ministro de Defensa y ex Ministro de Gobernación Eduardo Arévalo Lacs, en ese entonces director de la escuela de Kaibiles.

Más de 100 asistentes se congregaron en la audiencia, entre los que se cuentan varios embajadores, ex militares y familiares de los desaparecidos.